El gobierno actual ha incrementado los impuestos (desde el 0,75 a las rentas más bajas hasta el 7 a las más elevadas) en el IRPF.También lo hizo con las rentas procedentes del ahorro (desde un 2 a las inferiores hasta un 6 a las más elevadas),y con el tipo impositivo del I.B.I.,y han justificado la subida por la herencia del déficit público muy superior a lo que esperaban (finalmente se situará en un 8% frente al 6% presupuestado).Se espera ahora el anuncio de las bajadas de tributación a empresas,pymes y autónomos,así como una bajada,posiblemente,también de las cotizaciones sociales de las empresas.
Esta decisión de subida de impuestos,para algunos,resultó una sorpresa,ya que en la oposición y en la campaña el Partido Popular defendió lo contrario,pero evidentemente,en un contexto de déficit como en el que nos encontramos,no parece que exista otra solución:siempre dije,y lo defiendo,que la tributación fiscal es el principal método de recaudación y redistribución de la renta que tiene el Estado.Otra cosa es que esa recaudación y la distribución,en forma de inversiones y servicios a los ciudadanos,se haga de forma equitativa.
El gobierno,aplicando la doctrina económica liberal (por no decir directamente neoliberal),reduce el papel del Estado y su intervención en la economía: menos gasto,menos inversiones.Pretende sustituir paulatinamente el papel público por la iniciativa privada (le reducirá el esfuerzo fiscal a los emprendedores),para que tomen la iniciativa de invertir,y posiblemente iremos viendo como se privatizarán parcialmente servicios públicos con coste para los ciudadanos (ya lo está ensayando en varias autonomías).El objeto final,reforma laboral profunda mediante,es reducir el desempleo: ese es el gran mensaje que nos quieren vender.
A Rajoy se le acaba de escapar a micrófono cerrado en la cumbre de la U.E. que la reforma laboral puede acarrearle una huelga general.Ya hace mucho que él y varios líderes de su partido manifestaron que harán lo que tengan que hacer y que gobernarán,si los representantes de empresarios y trabajadores no alcanzan acuerdos (evidentemente nunca lo harán a gusto del gobierno).Rajoy vuelve a justificarse con la herencia económica recibida e insiste en el déficit público.
Como en ningún medio periodístico (televisión,radio,diario...) dicen como funcionan las cosas de los gobiernos y poderes públicos en nuestro país,y parecen limitarse a informar lo que conviene a sus grupos editoriales,económicos y políticos,como ciudadanos no nos queda más remedio que informarnos por nuestra cuenta,si queremos tener una aproximación sobre quien miente en este barriobajero mundillo de patrotismos interesados...
Todo ciudadano que así lo desee,puede acceder a la web del Ministerio de Hacienda,en donde existen en el apartado de Estadística e Informes,publicados mensualmente,los boletines elaborados por la Dirección General Presupuestaria,sobre la Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública del Estado.Estos informes,prolijamente detallados,informan sobre todos los apartados de gastos e inversiones ejecutados,y por tanto sirven de referencia clara y nítida para determinar como van las cuentas públicas.
El diseño autonómico en nuestro país,consagrado en el tiempo y siempre atendiendo a las mayorías parlamentarias (ningún partido político significado está en contra del modelo),quedó amparado para su funcionamiento y financiación por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas,del año1980.Se persiguió con ese diseño el acercamiento al ciudadano,respetando los diferenciales entre comunidades (lengua,historia...) y debemos decir que ha venido funcionando con éxito,salvo el excesivo endeudamiento,especialmente tras la crisis actual,iniciada en 2007-2008.
La armonización y coordinación de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y la Hacienda Estatal se lleva a cabo en el Consejo de Politica Fiscal y Financiera,presidido por los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas (en la actualidad es un único ministerio),y formado por los Consejeros de Hacienda de cada Comunidad Autónoma.En el seno de las reuniones del consejo se fijan los criterios de distribución de los recursos a las Comunidades Autónomas,los métodos para el cálculo de los costes de los servicios transferidos,las razones que justifican la percepción de asignaciones presupuestarias,los criterios de equidad,la coordinación en la política de endeudamiento,en inversiones públicas...
Por tanto,tenemos por un lado que cualquier ciudadano puede acceder a conocer las cifras ejecutadas del Presupuesto Estatal,y por otro que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se definen las políticas de asignación de recursos,costes de transferencias,financiación,coordinación presupuestaria y de endeudamiento,etc...entre el Estado y las CCAA.
¿Cómo es posible entonces que el Partido Popular diga que no conocía la situación de las cuentas públicas,si puede conocerlas con un simple acceso a la página del Ministerio de Hacienda (las del Estado),y está presente con 11 consejeros de Hacienda,de un total de 19 en el CPFF?.
¿Cómo es posible que nos digan que se ven obligados a hacer una política que no desean por culpa de un déficit público que le dicen que es un 6% y resulta que es un 8%?.
¿Quién miente?.
En julio de 2011,en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera presidido por la ministra Salgado las autonomías del PP quisieron hacer valer su mayoría y pretendieron que el Estado financiara la desviación del déficit a las CCAA.De esa manera trasladaban su déficit al Estado y era éste quien incumplía la ejecución del Presupuesto,no las CCAA.Pretendieron las CCAA gobernadas por el PP,además,que se ampliase el plazo de devolución de la deuda (unos 19.000 millones de euros) de 5 a 10 años.Por lo tanto eran bien conocedoras de la situación de las cuentas de sus autonomías y del incumplimiento presupuestario.La ministra Salgado se negó a asumir los costes de nuevas financiaciones y a la ampliación de los plazos de devolución de la deuda y puso a disposición de las CCAA una línea de crédito via ICO que sorprendió a los consejeros.Finalizado el Consejo y enterada la cúpula del PP de la propuesta,la desestimaron (era cuestión de tiempo que el Gobierno cayera).La semana pasada el ministro Montoro,en su primer CPFF,decidió ampliar el plazo de devolución de la deuda autonómica y la apertura de una línea de financiación a través del ICO.
¿Quién miente?.
El gobierno de la nación debe gobernar de acuerdo con sus criterios políticos,pues así lo ha decidido una amplísima y mayoritaria parte de la ciudadanía,y debe hacerlo dentro del marco de la Constitución,teniendo presente un orden económico y social justo,e impulsando la cultura y la economía para que todos los ciudadanos tengamos una vida digna.Esa es su responsabilidad.Si tiene que tomar decisiones duras deberá hacerlo,pero todos debemos entender que el esfuerzo exigido debe ser proporcional a la capacidad económica de los ciudadanos: no puede favorecer a unos (los pudientes) en detrimento de otros (las clases medias y bajas),y desde luego no puede contarnos la milonga de que tiene que subir los impuestos porque le han endosado un 2% más de déficit público que el previsto.Gobernar un país no es dirigir una empresa,en la que solo se manejan criterios económicos:los ciudadanos somos personas y demandamos políticas sociales justas.
¡Qué no nos tomen por estúpidos!.
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